Por Redacción
Tijuana, 27 de agosto de 2026.- Empresas dedicadas a la recuperación de cuentas con más de tres meses de retraso han recibido alrededor de 400 millones de pesos mediante un esquema de cobranza que opera en Tijuana y Playas de Rosarito. De acuerdo con información del Semanario ZETA, cinco despachos fueron contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida para gestionar el cobro del recurso hídrico a usuarios exclusivamente domésticos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
La investigación señala que dos de estas empresas pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, quien fue socio de Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de Gobierno. Entre los propietarios identificados se encuentra Josel Hernández Barroso, dueño de BHA y Asociados, hermano de Luis Fernando y familiar de Hernández Silerio.
Estos cinco despachos reciben una comisión del 5 por ciento superior a la que percibía la misma Fisamex. Según datos cotejados, tres de las cinco empresas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración actual, cifra que corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye.
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda había criticado e iniciado investigaciones administrativas y penales contra la empresa Fisamex por medidas de extorsión al cobrar el 20 por ciento por derechos de conexión al sector industrial y comercial. Sin embargo, la actual administración ha decidido utilizar un esquema similar, aunque ampliado a toda la población; la única diferencia señalada es que las comisiones de agua de Baja California utilizaron mecanismos mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad ciudadana.
La CESPT, dirigida actualmente por Mónica Vega y anteriormente por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, ha requerido implementar decretos y esquemas para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan. Según información ofrecida por el entonces director de la CESPT en su comparecencia de diciembre de 2025, existen 750 mil usuarios activos, de los cuales 664 mil son domésticos.
Guillermo Rivera, abogado que combatió mediante amparos los actos abusivos de Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, refirió sobre este tipo de despachos de cobranza, cuyos agentes buscan a usuarios con retrasos de tres meses para notificarlos y dar seguimiento al cobro.