Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó la tarde de este lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que una jueza federal dictara prisión preventiva en su contra por su presunta participación en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. Según reportes, Ruffo Appel y otros cuatro imputados arribaron al centro penitenciario a las 14:15 horas.
La detención del exmandatario ocurrió el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de aprehensión tras un cambio de juzgadora: mientras el juez Mario Elizondo Martínez negó la solicitud el 22 de junio, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega la concedió el 13 de julio. Esta autoridad libró órdenes contra 25 imputados, incluyendo a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, señalando a Ruffo Appel como el líder de la organización criminal.
En su resolución, la jueza Ramírez de la Vega concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”, desde donde “organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito” para la introducción ilegal de hidrocarburos. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, entre representantes aduanales y servidores públicos.
La audiencia inicial, celebrada por videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, comenzó la noche del 17 de julio. Fuentes periodísticas discrepan sobre su duración, reportándose entre más de 30 y hasta 40 horas. Durante el proceso, la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de los acusados el próximo martes 21 de julio. Otros implicados tienen situaciones diversas: José María y Guillermo de la Peña permanecen en sus domicilios por motivos de salud, mientras Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, informando que la red vinculada a Ruffo Appel causó una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos; otra fuente eleva la cifra a 4,456 millones de pesos. Previamente, en octubre de 2025, la procuradora fiscal Grisel Galeano García había estimado un daño total por contrabando de combustible de 600,000 millones de pesos a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó motivaciones políticas, asegurando que es producto de “una investigación que tiene un año”, y aclaró que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
La detención ha generado reacciones sobre el debido proceso. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Por su parte, el exsecretario de Gobernación Roberto Gil Zuarth criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, exigencia respaldada por el PAN que llamó a respetar las garantías constitucionales. Asimismo, Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.