Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida.
El empresario es investigado en México por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la empresa Telra Realty. El caso se remonta hasta el año 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio de colaboración destinado a la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas.
Según el acuerdo inicial, el Infonavit aportaría los inmuebles, mientras que Telra se encargaría de la inversión para su reconstrucción y de la gestión de programas de movilidad hipotecaria. La relación contractual se expandió en 2015 con la firma de contratos de licencias de marcas y la implementación del Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH).
El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual con Telra Realty de manera anticipada. Telra calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” y las partes iniciaron un proceso de mediación. El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos.
El 26 de enero de 2018 representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. La FGR sostiene que el pago de la indemnización podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente.
La Fiscalía General de México señala a Zaga Tawil, a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono de delincuencia organizada y lavado de dinero. La acusación apunta a la firma Telra Realty y el contrato que le adjudicó el Infonavit en 2014 para el programa de Movilidad Hipotecaria.
Zaga Tawil alegó ante la justicia estadounidense que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.