Washington, 28 de mayo de 2026.- Estados Unidos reintrodujo el miércoles las sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. La Administración de Donald Trump había retirado las medidas contra ella hace tan solo una semana, pero la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) ha sido actualizada para incluir nuevamente el nombre de la jurista italiana.
La decisión fue frenada el pasado viernes por un tribunal de apelaciones, que concedió medidas cautelares tras una moción de urgencia presentada por el Gobierno del republicano ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Un panel formado por tres magistrados emitió una suspensión administrativa de la resolución de un juez federal de Washington que había suspendido las medidas impuestas en 2025.
En la decisión del juez federal, publicada el pasado día 13, el magistrado concluía que la Administración de Trump probablemente violó el derecho a la libertad de expresión de Albanese, quien ha sido objeto de estas sanciones como represalia por sus críticas a la ofensiva israelí en la franja de Gaza y al trato que somete a los palestinos. El juez señaló que la relatora hizo “más que hablar”.
La orden del tribunal de apelaciones indicó que la medida era de carácter procesal y “no debe interpretarse de ninguna manera como un fallo sobre el fondo” de la apelación. Con esta suspensión, el Gobierno estadounidense pudo volver a aplicar la designación de Albanese como nacional extranjera sancionada.
La lista SDN es una lista negra global que le impide utilizar las principales tarjetas de crédito o realizar transacciones bancarias. La primera vez que el Gobierno Trump impuso sanciones contra Albanese fue en julio de 2025, dentro de un conjunto de medidas aplicadas también a 11 jueces, fiscales y juristas del Tribunal Penal Internacional (TPI).
El Gobierno estadounidense justificó su decisión de julio de 2025 alegando que era una respuesta a las iniciativas de Albanese para que el TPI juzgara a funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes. El caso fue presentado por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, quien actúa también en nombre de la hija de ambos, que es menor de edad.
Cali y su hija, que tienen ciudadanía estadounidense, podrán ahora apelar la moción de urgencia.