Ensenada, 17 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California, en la delegación de Punta Colonet, en Ensenada. Los inspectores, Erick Sánchez Zertuche López, de 31 años, y José Héctor Oliveros Carabita, de 48 años, fueron liberados poco más de 24 horas después de iniciada la carpeta con el Número Único de Caso (NUC) 0201-2026-08252.
Los hechos ocurrieron cuando los inspectores regresaban en caravana de un operativo en San Quintín. Un grupo de hombres armados los interceptó y los trasladó en camionetas a una zona desconocida. Alrededor de las 23:00 horas del día de su liberación, un convoy de policías llegó a las instalaciones de la FGE con los víctimas, quienes habían estado privados de su libertad en un inmueble ubicado en el Ejido Ruiz Ordaz.
En dicho lugar, las autoridades aseguraron al menos cuatro armas largas, equipo táctico y varios vehículos presuntamente utilizados para la comisión del delito. A la fecha de esta publicación, no hay detenidos por este caso. La investigación se centra en dos líneas relacionadas con la actividad de grupos del crimen organizado que operan en la región, determinando que el ataque fue dirigido específicamente contra los ocupantes de la unidad en la que viajaban.
Erick Sánchez Zertuche López es hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave, y del abogado y empresario inmobiliario Juan Antonio Sánchez Zertuche. La diputada dio su versión de los hechos, misma que difiere de la información proporcionada por autoridades estatales y federales.
Por su parte, investigadores del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que el motivo fue “por una deuda de drogas que asciende a 3 millones de dólares y una más en Estados Unidos por 2 millones de dólares”.