Por Luis Martínez Alcántara
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentra prófugo de la justicia tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 5,186 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en el estado. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de peculado y otros delitos federales relacionados con la administración fraudulenta de recursos públicos durante su mandato (2015-2021).
El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció que la administración anterior adjudicó directamente los contratos de construcción a la empresa Inmobiliaria DYF S.A. de C.V., creada tres días antes de la asignación. Se detectaron sobrecostos y pagos excesivos en las obras, además de la existencia de áreas privadas de lujo en los cuarteles, destinadas exclusivamente al exgobernador Aureoles, equipadas con blindaje antibalas y acceso privado a helipuertos.
La FGR detuvo a cuatro exfuncionarios de la administración de Aureoles implicados en el desvío de recursos: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de Seguridad; y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública.
Estas detenciones se llevaron a cabo en diferentes localidades de México y Estados Unidos, y los detenidos fueron presentados ante la jueza de Distrito del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México.
Las autoridades continúan la búsqueda de Silvano Aureoles, quien, según informes, evadió a las autoridades abordando un helicóptero desde Michoacán hacia Jalisco, sin que hasta el momento se conozca su paradero. La FGR lo considera prófugo de la justicia y ha intensificado los operativos para lograr su captura.
La administración de Aureoles acumula 22 denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, según informó la contralora del estado, Azucena Marín Correa. Estas denuncias abarcan desde enriquecimiento ilícito hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita, y han sido presentadas ante diversas instancias federales, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación.