Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México separó de sus cargos a tres funcionarios por presuntamente extorsionar a la familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar y por omisiones en la investigación de su muerte. La joven de 21 años fue hallada sin vida el 17 de abril en un edificio de departamentos de la alcaldía Benito Juárez, tras haber sido reportada como desaparecida el 15 de abril cuando se dirigía a una entrevista de trabajo.
La fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció una tardanza “injustificable” de 15 horas en la reacción de la institución desde que se contaba con la última ubicación de la víctima en su celular, dato proporcionado por sus familiares. “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico, lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, señaló la funcionaria. Alcalde Luján calificó como “indignante” que la familia haya señalado con precisión el lugar y no se haya actuado con la inmediatez requerida.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que los tres funcionarios removidos son: un ministerio público que no proporcionó información sobre el domicilio; un policía de investigación señalado por presuntamente solicitar dinero para acelerar la búsqueda; y un segundo policía del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. “Yo sé que ya hay tres personas que fueron retiradas de sus cargos y que está una investigación al respecto. No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, declaró Brugada.
De acuerdo con la información recabada, las autoridades llegaron al edificio ubicado en Avenida Revolución 829 hasta las 20:30 horas del 16 de abril, pero no pudieron entrar de inmediato al no contar con la autorización de la administradora del complejo. El cuerpo fue encontrado finalmente en la madrugada del 17 de abril. La familia había acudido al Ministerio Público con la última ubicación compartida por la víctima y con material de cámaras de seguridad obtenido mediante un investigador privado.
Respecto a las causas de la muerte, existen reportes divergentes. Por un lado, la fiscal Alcalde Luján informó que la víctima fue asesinada con un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, presentando heridas en el tórax provocadas por dicho objeto. Por otro lado, primeras valoraciones médicas indican que el cuerpo presentaba golpes muy fuertes, por lo que es probable que estos sean la causa del deceso; la necropsia servirá para confirmar la hipótesis y determinar la hora aproximada de la muerte.
Las autoridades investigan si los funcionarios obstaculizaron el proceso, incluyendo la supuesta petición a la familia de esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, algo contrario a la ley. Asimismo, se indaga la posible obstrucción de la justicia por parte de la administradora y el vigilante del inmueble, quienes negaron que Edith hubiera entrado y se negaron a dar acceso a las cámaras; ambos ya se encuentran declarando sobre el feminicidio.
La fiscal Alcalde advirtió que solicitar dinero a las víctimas es una conducta inaceptable y se investigará la denuncia contra los agentes. Por su parte, Clara Brugada afirmó: “De ninguna manera va a quedar este caso impune. Sabemos que ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”.