Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- Mientras las autoridades de varios estados implementan cortes programados de agua y anuncian obras de rehabilitación para enfrentar la sequía, ejidatarios de San Luis Potosí denuncian corrupción y tráfico de influencias dentro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La situación se desarrolla en un contexto de recuperación parcial de los niveles en el Sistema Cutzamala, que supera el 80% de almacenamiento, pero con una crisis de infraestructura persistente.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la capital (SEGIAGUA) informó que aplicará interrupciones parciales en algunas zonas para lograr una distribución más equitativa del recurso. Sin embargo, no especificó un cronograma detallado ni los municipios afectados. Paralelamente, en el norte del país, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio (Sideapa), Durango, lanzó una licitación pública para rehabilitar el emisor central y el colector San Ignacio, un proyecto que requerirá una inversión superior a los 500 millones de pesos.
En contraste, ejidatarios de la comunidad San Antonio de los Bravos, en San Luis Potosí, acusaron públicamente a Conagua de actos de corrupción y tráfico de influencias para favorecer a un comité alterno en el manejo del agua. La denuncia expone una contradicción en la gestión, donde existen dos comités ejidales con reconocimiento conflictivo por parte de la autoridad federal del agua.
Frente a este escenario, el gobierno de San Luis Potosí anunció la instalación de un Consejo Técnico Consultivo del Agua, con el objetivo declarado de fortalecer la gestión hídrica estatal. La medida busca dar una respuesta institucional a las tensiones, aunque no aborda directamente las acusaciones de corrupción, cuyas investigaciones siguen sin dar resultados públicos.
El contexto nacional muestra una ligera mejoría respecto a 2025, cuando el 16% del territorio enfrentaba sequía de moderada a severa. No obstante, la urgencia por rehabilitar infraestructura antigua, como las tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro mencionadas en el proyecto de Gómez Palacio, sigue siendo una prioridad para evitar mayores crisis de suministro en las principales ciudades del país.