Ciudad De México, 10 de junio de 2026.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, aseguró que en su administración no se permite ni se ha dado la subordinación en la relación con autoridades de Estados Unidos, definiendo el vínculo estrictamente como de colaboración.
“La relación con los Estados Unidos y el gobierno de Baja California Sur es de colaboración, hemos tenido respaldo la Procuraduría de diferentes cursos, de manera que nos permita mantener esa correlación”, declaró el mandatario.
Castro Cosío detalló que esta cooperación consiste en capacitaciones o recepción de tecnología para tareas de investigación y seguridad, las cuales son previamente analizadas y solicitadas por las corporaciones estatales. Mencionó que el anterior titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de la Rosa Anaya, logró espacios de capacitación en EE.UU. para elementos de la instancia.
El gobernador fue enfático al señalar que no existe ningún agente de Estados Unidos trabajando de manera directa con las corporaciones sudcalifornianas, situación que contrastó con lo sucedido en Chihuahua. “No hay ni en la Secretaría de Seguridad, ni en la Procuraduría, no tenemos ningún nexo. Si los hay están encubiertos o son de otra forma que ya saben ustedes que son cuestiones que escapan a nuestro análisis”, afirmó.
En ese sentido, precisó: “Con el Gobierno del Estado no hay ninguna relación de ningún tipo más que la de colaboración de carácter técnico, tecnológico y científico”. Asimismo, informó que recientemente sostuvo una reunión con el cónsul de Estados Unidos bajo este mismo esquema.
“Debido a la situación que priva, acaba de estar con nosotros el cónsul de los Estados Unidos en una reunión muy de colaboración y vamos a mantener estas reuniones de colaboración, como ha dicho nuestra presidenta y ratifico: de colaboración, no de subordinación”, expresó Castro Cosío.
Finalmente, el gobernador se manifestó a favor de la reforma promovida por el diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, la cual establece la nulidad de elecciones en casos de injerencia extranjera. “Yo estoy de acuerdo en que todos los gobiernos tengamos jurídicamente un respaldo, en donde no se permita la intervención extranjera en los cuerpos de seguridad ni en ninguna otra cosa que no se determine por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, concluyó.