Ciudad De México, 03 de junio de 2026.- Estados Unidos está investigando a dos destacados gobernadores mexicanos, Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal Anaya de Tamaulipas, quienes han sido despojados de sus visados estadounidenses en medio de pesquisas penales por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ambos funcionarios son miembros del partido Morena y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con reportes, los gobernadores se encuentran en un programa de libertad condicional reservado para personas que cooperan con las autoridades estadounidenses, conocido como beneficio público significativo. Este mecanismo permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos reales o pendientes. Se indica que Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado bajo este esquema, mientras que Villarreal, investigado por presunto contrabando de combustible pirateado, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses al cruzar la frontera.
Ante estos reportes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este 3 de junio que los gobernadores “tienen que aclarar” la situación ante la opinión pública. En un reciente mitin político, la mandataria cuestionó los motivos detrás de las acciones estadounidenses: “¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado? ¿O estamos quizás presenciando cómo sectores de la extrema derecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a sus elecciones de 2026?”.
Sheinbaum agregó que existe derecho a la duda sobre si pretenden influir en las elecciones mexicanas de 2027, aunque llamó a la calma: “Hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo… pueden venir estas cosas”.
Por su parte, los acusados han rechazado las informaciones. Alfonso Durazo minimizó los reportes calificándolos como notas sin fuentes ni sustento y negó que le hubieran revocado la visa. “En el pueblo, todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”, afirmó el gobernador de Sonora, quien se ha negado a mostrar su visa para desmentir la nota.
El gobierno de Tamaulipas también desmintió categóricamente los señalamientos. Gerardo Algarín, director de Comunicación de dicha entidad, declaró: “No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”. Ambos gobiernos estatales mantienen su rechazo a las acusaciones publicadas por diversos medios.