Ciudad de Mexico, 17 de junio de 2026.- La desigualdad en México tiene un origen claro: las barreras sociales. Así lo señaló Mario Daniel Barragán Rodríguez, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), quien precisó que ningún sector es vulnerable per se.
En declaraciones recopiladas por Quadratín México, el funcionario judicial detalló que “la vulnerabilidad se genera cuando las estructuras y los contextos sociales imponen límites, obstáculos o barreras que obstruyen el ejercicio libre y efectivo de los derechos humanos”. Bajo esta premisa, la vulnerabilidad no se define como una categoría fija, sino como una condición dependiente del contexto en el que se desenvuelven las personas.
Para determinar el nivel real de desigualdad en un caso concreto, el sistema de justicia penal utiliza el concepto de “interseccionalidad”, el cual evalúa cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona. Entre los grupos identificados como potencialmente vulnerables se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, integrantes de comunidades indígenas y víctimas de delitos.
El juez Barragán Rodríguez indicó que se ha abandonado el antiguo “estado de interdicción” para adoptar un enfoque social que implementa figuras como facilitadores e intérpretes, con el objetivo de expandir la capacidad de decisión de las personas. Actualmente, el sistema de justicia en México cuenta con protocolos, instrumentos legales y apoyos institucionales destinados a asegurar que quienes están en situación de vulnerabilidad puedan participar plenamente en los procesos judiciales.
De acuerdo con el artículo primero de la Constitución Mexicana, los juzgadores están estrictamente obligados a aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, se estableció que si a lo largo de un proceso se detecta que no se respetó el contexto cultural o lingüístico de un imputado o víctima, el procedimiento debe reponerse para garantizar una defensa justa.
Para atender estos escenarios, existen canales de orientación como la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esta dependencia cuenta con áreas especializadas para canalizar, brindar orientación y apoyar frente a cualquier práctica de discriminación o escenario de desigualdad. Rafael Guerra Álvarez ocupa el cargo de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.