Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria en contra del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de presuntamente liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocido como ‘huachicol fiscal’. La resolución, emitida en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, se tomó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara de forma reiterada a entregar la totalidad de la carpeta de investigación a la defensa del imputado, vulnerando su derecho a una defensa adecuada.
La jueza federal titular Mariana Vieyra Valdés resolvió que la FGR incumplió un plazo de cinco días para facilitar el acceso al expediente completo de la causa penal 325/2025, por lo que concedió un nuevo plazo de tres meses para que la fiscalía realice y presente las diligencias complementarias que correspondan. El exvicealmirante Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, había enviado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones procesales en su caso.
La defensa del imputado, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, logró así una tutela de derechos que obliga a la FGR a transparentar la evidencia en su contra. El caso data de marzo de 2025, cuando autoridades decomisaron 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, presuntamente vinculados a la red que operaba desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y que era señalada bajo el nombre de ‘Los Primos’.
Además de Manuel Farías Laguna, su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también está implicado en la investigación y se encuentra prófugo de la justicia. La organización criminal habría utilizado la estructura aduanal para desviar y comercializar ilegalmente hidrocarburos, evadiendo el pago de impuestos, en un esquema de gran escala.
La reapertura de la investigación representa un revés para la FGR, que deberá ahora cumplir con las diligencias ordenadas por la juez dentro del nuevo plazo. El caso pone bajo escrutinio la capacidad de las instituciones para investigar y procesar a presuntos delincuentes de alto perfil, especialmente cuando involucran a exintegrantes de las fuerzas armadas, en un delito que causa cuantiosas pérdidas fiscales al erario.