Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de los candidatos no será en México, pues al final dependerá de la justicia de Estados Unidos, existiendo el riesgo de su injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la gran decisión reside en el país vecino.
En México existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones; sin embargo, no han resultado efectivos porque a la postre se conocen las malas mañas y nexos de los implicados. De haber sido eficaces, no se tendría con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado, además de otros exservidores públicos huidos que han aportado datos a satisfacción de Estados Unidos.
Tampoco se conocerían los alcances del grupo criminal de La Barredora, formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, ni estarían detenidos el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes bajo proceso por sus ligas con la delincuencia en Jalisco, Morelos y otros estados. En el caso de Rubén Rocha Moya, las denuncias endilgadas en las elecciones de 2021 poco importaron en México, pero casi cinco años después llegó el golpe desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
Ante este escenario, surge la interrogante sobre qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido durante la campaña, lo que podría llevar a anular las autorizaciones otorgadas por el INE a partir de los juicios de los consejeros Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada. Ya hay aspirantes con dificultades como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de las visas, mientras hay muchos “cantantes” como el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el extitular de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega.
En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias al decir ayer: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, desmintiendo propósitos de censura y reivindicando la facultad de toda persona para elegir qué escuchar, ver y leer. Bajo este enfoque, la decisión no le corresponde al gobierno calificar notas periodísticas ni descalificar públicamente a periodistas y medios, un contexto bajo el cual muchos verían bien que la Comisión Reguladora analice en consulta pública.