Por Redacción
Ciudades De México, 23 de febrero de 2026.-
La iniciativa impulsada por los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) —con respaldo de la secretaria general del partido, Luisa María Alcalde, y del coordinador de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal— propone ajustes al sistema político-electoral que, entre otros puntos, contemplan la reducción del financiamiento público a partidos políticos. Desde 2015, el erario ha destinado 75 mil 337 millones de pesos al sostenimiento de las fuerzas políticas, de los cuales Morena recibió dos mil 705 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026.
La propuesta genera fricciones visibles dentro del oficialismo. Aunque voceros como el senador Manuel Velasco y el diputado Ignacio Mier han intentado proyectar unidad de cara a los comicios intermedios de 2027 y la elección presidencial de 2030, las tensiones entre distintas corrientes del movimiento liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum amenazan la cohesión legislativa necesaria para aprobar cambios de alta sensibilidad institucional.
La oposición, representada en este debate por la senadora Kenia López Rabadán, ha cuestionado la conveniencia de modificar las reglas electorales en un momento de alta polarización. El historial de 21 reformas electorales desde 1917 —ocho de ellas de amplio alcance— evidencia que los cambios constitucionales en esta materia suelen alterar el equilibrio de poder y generar incertidumbre en los procesos democráticos.
La discusión ocurre en un contexto histórico complejo. México ha transitado por múltiples transformaciones de su sistema electoral, pero la simultaneidad de propuestas para recortar recursos públicos —precisamente cuando el partido en el gobierno es el mayor beneficiario del financiamiento— alimenta el escepticismo sobre las verdaderas motivaciones detrás de la reforma. Los próximos meses serán determinantes para definir si la coalición oficialista logra superar sus diferencias internas o si, por el contrario, el proyecto electoral queda enmarañado en las disputas sucesorias rumbo a 2030.