Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la ‘imperante impunidad’ y una ‘impunidad estructural’ que provoca la reproducción de estos delitos en el país.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que la decisión se basó en que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son ‘indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa’. Además, señaló que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento considerable frente a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados y se habían dictado apenas 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el organismo insistió en la deficiencia en la judicialización, la persecución penal y el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos.
El informe detalla patrones de desapariciones forzadas que involucran colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno. En Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó ‘prácticas sistemáticas’ entre 2006 y 2016, donde fuerzas policiales secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas entre 2009 y 2012, y donde autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente a través de fuerzas especiales entre 2012 y 2016. También se identificó el uso, ‘en ocasiones’, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para cometer estos crímenes.
Los cuatro estados donde el Comité tomó casos paradigmáticos fueron Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también se señaló la prevalencia de desapariciones en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno declararon que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El gobierno federal había dado a conocer el 3 de abril de 2026 una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos.
Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. Cabe recordar que como parte de su visita en 2021, el Comité entregó 84 recomendaciones al gobierno mexicano.