Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso para que se consideren medidas de apoyo en la prevención, investigación y erradicación del problema.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. Para sustentar esta evaluación, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar. Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define estos crímenes es el patrón de los ataques contra la población civil y no necesariamente que sean orquestados desde las altas esferas del gobierno.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el documento ignora las actualizaciones presentadas por la administración actual y se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La SRE afirmó: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
El gobierno federal destacó que el propio CED admite en su resolución que no existen indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos. Además, las autoridades cuestionaron el rigor jurídico del documento y señalaron que al menos uno de los integrantes del comité trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado mexicano. México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que “no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año”, incluyendo reformas clave de julio de 2025.
Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano y lamentó que “no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”. Corcuera explicó que la definición utilizada por el comité es un estándar consolidado en el derecho internacional y señaló que la responsabilidad del Estado abarca todos los órdenes de gobierno, calificando la reacción oficial como “una muy mala señal”.