Por Luis Martínez Alcántara
El caso del bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México, ha generado gran indignación tras la difusión de mensajes de WhatsApp que evidencian la planificación del abandono por parte de sus propios padres, Lucio “N” y Diana “N”.
En las conversaciones, ambos discuten cómo deshacerse del recién nacido, sugiriendo incluso “tirarlo en algún canal”. Estas revelaciones contradicen las declaraciones iniciales de Diana, quien afirmó desconocer las intenciones de su pareja.
El 11 de febrero de 2025, cámaras de seguridad captaron a Lucio, de 18 años, abandonando al bebé en una bolsa de plástico en la colonia Fuentes del Valle. Tras la difusión del video, Lucio se entregó voluntariamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alegando que actuó por acuerdo mutuo con Diana.
Por su parte, Diana se presentó ante la Fiscalía del Estado de México para denunciar a Lucio por abandono, intentando deslindarse de responsabilidad.
Dulha Utrera, madre de Lucio, condenó enérgicamente las acciones de su hijo y su nuera. En entrevistas, afirmó que ambos planearon el abandono y que Lucio debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Dulha intentó entregar a su hijo a las autoridades, pero denunció que un funcionario de la Fiscalía del Estado de México se negó a recibir la denuncia, lo que retrasó el proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que investiga a ambos progenitores por conductas que pusieron en riesgo la vida e integridad del recién nacido. El bebé, actualmente bajo cuidado médico, será entregado al DIF municipal una vez dado de alta. Las autoridades han asegurado que las indagatorias se realizan con perspectiva de género y en atención a los derechos de la niñez.
Este caso desató un debate sobre la responsabilidad parental y la eficacia de las instituciones en la protección de los menores. La difusión de los mensajes y las contradicciones en las declaraciones de los involucrados han generado indignación pública y llamado la atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y atención en casos de maltrato infantil.