Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudó el debate sobre la base legal para calcular las indemnizaciones civiles por muerte, ante la contradicción de criterios entre sus salas sobre si debe usarse la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o el salario mínimo. El proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que se discute por tercera vez, busca unificar la jurisprudencia en un asunto que impacta directamente el monto que reciben las familias, con una diferencia de casi el 63% entre ambos parámetros.
El conflicto surgió porque, en marzo de 2024, la Primera Sala resolvió que la indemnización por lucro cesante –la pérdida de ingresos futuros– podía calcularse con base en salarios mínimos para lograr una reparación integral. Sin embargo, en julio del mismo año, la Segunda Sala determinó que es constitucional utilizar la UMA para dicho cálculo, un criterio que generalmente resulta en sumas menores.
La discusión en el pleno deriva de una denuncia de contradicción de tesis presentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. La disparidad es significativa en términos económicos: mientras el salario mínimo diario vigente para 2026 es de 315.04 pesos, la UMA diaria equivale a 117.31 pesos, lo que genera una brecha sustancial en el monto final de la indemnización para los deudos.
El proyecto de la ministra Batres, cuyo contenido específico no se ha hecho público en su totalidad, pretende ofrecer una solución definitiva a este problema jurídico. La Corte tiene la facultad de establecer un criterio obligatorio para todos los tribunales del país, con el fin de garantizar uniformidad y certidumbre en la impartición de justicia en materia civil.
La resolución de este asunto es crucial para futuros litigios por responsabilidad civil extracontractual, común en casos de accidentes, negligencia médica o hechos violentos. Una decisión a favor del salario mínimo representaría una mayor protección económica para las familias afectadas, mientras que la ratificación del uso de la UMA alinearía el cálculo con otros aspectos de la legislación fiscal y administrativa.