Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón se manifestaron este sábado frente a la presidencia municipal para denunciar actos de corrupción y hostigamiento laboral, asegurando que personal externo ha sido contratado para realizar funciones que les corresponden, lo cual les impide trabajar y allegedly facilita irregularidades con dinero recuperado de deudores del impuesto predial.
La protesta fue liderada por Rosalva Rodríguez, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Público del Estado de Coahuila (SUETSRT), quien señaló que la situación se concentra en las oficinas de la Tesorería. Los empleados afirmaron que el subdirector de Ingresos, Miguel Ramos, y el director de la área, Roberto Barrios, permiten la operación de este personal externo en las instalaciones de la Plaza Mayor, mientras que las oficinas de Rezagos y Notificaciones se ubican en el edificio del antiguo Banco de México.
Entre los acusados de permitir estas prácticas se encuentran el tesorero Javier Lechuga Jiménez y el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro. Los trabajadores solicitaron una audiencia con ambos funcionarios para exponer su inconformidad, aunque hasta el momento no se ha confirmado el resultado de dicha solicitud ni la respuesta específica de los directivos implicados.
Ante las acusaciones, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció la inconformidad del personal pero la atribuyó a “ajustes” implementados para mejorar la eficiencia del área de Ingresos. El edil respaldó al director Roberto Barrios y negó que exista un riesgo laboral para los trabajadores, calificando las denuncias de corrupción como “argumentos que se respetan y validan”, pero insistiendo en que se trata de reacomodos administrativos necesarios.
La controversia surge en un contexto de crecimiento significativo en el presupuesto municipal. Mientras que en 2022 el ejercicio presupuestal fue de 2 mil 850 millones de pesos, la administración actual reporta un presupuesto para 2026 de casi 6 mil millones de pesos. Los sindicalizados mantienen su postura de que la inclusión de personal por honorarios en tareas operativas es el mecanismo que permite las supuestas “tranzas” con los fondos recuperados, sin que hasta la fecha se hayan presentado evidencias documentales concretas de los montos o casos específicos.
La investigación indica que existen vacíos de información respecto a la identidad exacta del personal externo contratado, el número preciso de trabajadores afectados por estas medidas y los detalles específicos de los ajustes mencionados por la alcaldía. La situación permanece en espera de una resolución formal tras la protesta realizada en las instalaciones del gobierno local.