Washington, 25 de marzo de 2026.- El Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró este martes una audiencia clave para evaluar la legalidad de las nuevas políticas de asilo impulsadas por la administración de Donald Trump, en un contexto marcado por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos del país y la ejecución de deportaciones que han generado contradicciones con órdenes judiciales previas.
Durante la sesión, los magistrados, incluyendo al presidente John G. Roberts Jr. y a Amy Coney Barrett, escucharon argumentos sobre la restricción del acceso al asilo, una medida que busca endurecer los criterios de admisión para migrantes. La postura del gobierno fue defendida en el marco legal por funcionarios vinculados a la fiscalía, mientras se reportó una inclinación favorable de la corte hacia las posturas restrictivas, aunque se mantiene a la espera de la votación final y el resultado definitivo del caso.
En paralelo a los debates judiciales, la operación migratoria en terreno se ha intensificado. Agentes de ICE han sido desplegados en 14 terminales aéreas para detener a personas en proceso de traslado o llegada. Esta ofensiva operativa contrasta con decisiones de jueces federales en instancias inferiores; recientemente, la jueza Dena Coggins ordenó el regreso a territorio estadounidense de María de Jesús Estrada Juárez, una migrante protegida por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya deportación había sido ejecutada por la administración actual.
La tensión entre las ramas ejecutiva y judicial también se refleja en casos documentados en Minnesota, donde se ha presentado una demanda que involucra a agentes de ICE por incidentes con uso de fuerza, aunque la investigación disponible no especifica la identidad completa de los oficiales involucrados ni los detalles precisos de los tiroteos. Asimismo, se han registrado entregas de dos ciudadanos mexicanos, identificados únicamente como Silvia N. y Salvador N., por parte de autoridades estadounidenses a la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
Ante el incremento de las deportaciones, el gobierno mexicano ha activado mecanismos de atención para sus connacionales. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, reportó que el programa ‘México te Abraza’ ha atendido a 189,830 mexicanos hasta el 18 de marzo de 2026. Por su parte, Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha emitido comunicados oficiales respecto al flujo en la frontera, mientras asesores del trumpismo, como Tom Homan, han realizado declaraciones políticas defendiendo la necesidad de medidas severas para controlar la migración.
El escenario actual muestra un endurecimiento sistemático de la política migratoria en el segundo mandato de Trump, caracterizado por la convergencia de acciones judiciales en la Suprema Corte, operativos de detención masiva en puntos de transporte y la deportación de individuos con estatus de protección previa. Las fuentes oficiales mexicanas destacan el apoyo humanitario a los retornados, aunque existen cuestionamientos en medios de comunicación sobre la efectividad y transparencia de dichos programas en medio de la crisis.