Por Redacción:
Ciudad de México, 4 de septiembre de 2025. En un ambiente marcado por tensiones diplomáticas y seguridad regional, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, defendió hoy públicamente la orden del presidente Donald Trump de destruir por la fuerza un barco presuntamente vinculado al narcotráfico. Ante medios de comunicación en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rubio señaló que el mandatario “tiene derecho de eliminar” embarcaciones cargadas con droga que representen una amenaza directa para Estados Unidos y advirtió: “Puede pasar de nuevo”
Durante una conferencia conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente, Rubio explicó que el ataque, ocurrido la víspera en aguas internacionales del Caribe, se realizó bajo la autoridad del presidente Trump en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y estuvo justificado como una medida de defensa nacional. Según Rubio, las organizaciones narcotraficantes han aprendido a tolerar pérdidas mínimas de su carga como parte del costo operativo, lo que hace ineficaz la intercepción tradicional. Por esa razón, afirmó que el uso de fuerza letal sí funciona como parte de la disuasión.
En otras declaraciones, Rubio sostuvo que esa operación podría estar ocurriendo en este mismo momento y enfatizó que la estrategia seguirá vigente siempre que lo amerite la seguridad nacional: “Puede estar pasando ahora mismo, mañana”.
Este marcado tono reafirma la nueva postura de la administración Trump, que ha designado a cárteles como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como organizaciones “narcoterroristas”, lo que, según el gobierno estadounidense, legitima operaciones militares directas incluso en aguas internacionales para evitar que el narcotráfico alcance territorio americano.
La ratificación de esta estrategia ocurre en medio de diálogo diplomático con México, pero también ha levantado cuestionamientos sobre la legalidad internacional del uso de la fuerza en zonas fuera de la jurisdicción de EE.UU., además de reavivar preocupaciones sobre la soberanía regional y el respeto al Estado de derecho