Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones señalan que más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas y que monumentos en sitios como Chetumal y el parque Balam Tun fueron alterados o desmantelados bajo el argumento de proyectos de desarrollo.
Entre los denunciados figura Diego Prieto, exdirector del INAH, así como autoridades en funciones como Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo; Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario, y miembros del Consejo de Arqueología. Los denunciantes, agrupados en la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, califican las acciones como un “crimen de lesa arqueología”.
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, uno de los voceros de la protesta interna, detalló que la cifra de estructuras no recuperadas asciende a más de 62,000 hasta la fecha. Asimismo, señaló irregularidades en la intervención de 47 monumentos en Chetumal y la reubicación de 36 piezas arqueológicas en el parque Balam Tun, donde se habría llevado a cabo una “deconstrucción” que implicó desmantelar y recombinar piezas originales, modificando su contexto histórico.
Las versiones sobre el estado de las denuncias presentan contradicciones: mientras algunos informes indican que los especialistas apenas preparan los documentos, otros afirman que la denuncia ya fue presentada y que se formalizará próximamente ante las autoridades competentes. El conflicto subraya una ruptura interna dentro del organismo encargado de proteger el patrimonio, donde investigadores cuestionan las decisiones tomadas por sus propios superiores.
Las acusaciones se centran específicamente en los llamados “Parques de la Memoria”, vinculados al Tren Maya, donde se alega el uso de maquinaria pesada y métodos inadecuados que pusieron en riesgo la integridad de los sitios. A diferencia de quejas anteriores dirigidas a constructoras externas, esta movilización marca un enfrentamiento directo entre la comunidad científica del INAH y la cúpula administrativa que autorizó las intervenciones.
Este episodio ocurre en un momento crítico para la infraestructura turística en el sureste mexicano, donde la validación científica de los hallazgos es fundamental para la credibilidad del proyecto gubernamental. La falta de una respuesta oficial por parte de los funcionarios señalados y la ausencia de detalles sobre la autoridad específica que recibirá la querella mantienen la tensión en el sector cultural.