Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, preso confeso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido en 1994, al considerar que el caso constituye un asunto de Estado que no puede cerrarse prematuramente. Esta postura contrasta con la demanda del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha solicitado el beneficio legal para el reo y argumenta que la mandataria cuenta con la facultad para concederlo pero carece de la voluntad política para hacerlo.
La divergencia se da en un contexto donde la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activa una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, bajo la teoría de un segundo tirador en el magnicidio. Mientras la administración federal presenta pruebas recientes que sustentan la continuidad del proceso judicial, Colosio Riojas ha declarado que la existencia de un segundo ejecutor no es una novedad y afirmó que dicha persona ya había sido identificada hace tres décadas.
El proceso de apelación relacionado con la situación jurídica actual lleva cuatro meses sin desahogarse, desde noviembre de 2025. En medio de este estancamiento procesal, la presidenta Sheinbaum ha mencionado la supuesta candidatura de Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora, vinculando el debate sobre el indulto con el panorama electoral y político del hijo de la víctima.
La discrepancia central radica en la interpretación del cierre del caso: para la titular del Ejecutivo, la justicia exige agotar las líneas de investigación sobre la posible participación de terceros, mientras que para el familiar de la víctima, la persistencia de la teoría del segundo tirador representa una dilación injustificada de un asunto que debería quedar resuelto con la pena del responsable confeso ya establecido.
A 32 años del atentado perpetrado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, el caso sigue generando tensión entre las instituciones de justicia y los familiares de la víctima, sin que se vislumbre una resolución definitiva en el corto plazo dado el estado actual de los recursos legales y la posición intransigente del gobierno federal respecto a la impunidad o el cierre parcial del expediente.