Nueva York, 26 de marzo de 2026.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución histórica que declara la trata transatlántica de esclavos africanos como un crimen contra la humanidad. La iniciativa, liderada por Ghana y apoyada por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom), obtuvo 123 votos a favor, mientras que tres países votaron en contra y 52 se abstuvieron.
António Guterres, secretario general de la ONU, calificó la esclavitud como un acto que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades. En su declaración oficial, el máximo funcionario de la organización internacional enfatizó la necesidad de trabajar por la verdad, la justicia y la reparación ante este legado histórico.
John Dramani Mahama, presidente de Ghana, quien presentó la resolución, aseguró que su aprobación servirá como una salvaguardia contra el olvido y permitirá cuestionar la cicatriz duradera que dejó la esclavitud. El texto no vinculante destaca que el impacto de este comercio persiste hoy a través de la discriminación racial y formas de neocolonialismo en la sociedad actual.
Por su parte, la delegación de Trinidad y Tobago, hablando en nombre del Caricom, celebró el resultado de la votación y confirmó que la región se compromete a contribuir en sintonía con sus prioridades para la implementación de los puntos acordados en la resolución.
Estados Unidos fue uno de los tres países que votaron en contra de la medida. Dan Negrea, representante estadounidense ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), explicó que el texto es problemático en innumerables aspectos. Negrea afirmó que su país no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales según el derecho internacional en el momento en que ocurrieron, además de criticar la promoción de agendas específicas y la creación de informes costosos.
La resolución marca un hito en el reconocimiento internacional de la trata que afectó a al menos 12.5 millones de personas durante 300 años. Aunque la decisión de la Asamblea General no tiene carácter vinculante, establece un precedente político significativo sobre la postura de la comunidad internacional frente a las consecuencias históricas de la esclavitud.