Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente vender armas de fuego que terminaron en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS). Las autoridades federales detallaron que los implicados realizaron ventas ilegales en cinco ocasiones distintas entre febrero y mayo de 2025, operando desde la zona de Phoenix, Arizona.
De acuerdo con la investigación federal, este caso representa una de las primeras acusaciones criminales por apoyo material al terrorismo dirigidas contra un armero por facilitar weaponry a estos grupos delictivos. La acción legal se sustenta en la designación del CJNG y del CDS como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del Departamento de Estado de EE.UU., medida adoptada en febrero de 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump.
La información periodística señala discrepancias iniciales sobre el número de implicados y la ortografía del nombre del principal acusado, variando entre Laurence y Laurende Gray. Sin embargo, la acusación conjunta del Departamento de Justicia confirma la participación de ambos ciudadanos estadounidenses. Se indica que Gray era propietario de la armería ‘Grips by Larry’, ubicada a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora, punto estratégico para el paso de mercancías hacia México.
Las autoridades no han divulgado públicamente las identidades de los intermediarios o ‘compradores de paja’ que adquirieron físicamente las armas, ni han especificado el destino exacto de cada arma dentro del territorio mexicano más allá de su vinculación con las estructuras de los cárteles mencionados. La investigación se centró en demostrar el flujo de armamento desde suelo estadounidense hacia las organizaciones ahora catalogadas como terroristas.
Los cargos por apoyo material al terrorismo conllevan penas severas. Aunque el Departamento de Justicia no ha detallado la sentencia específica solicitada para cada uno de los acusados en los comunicados iniciales, los delitos relacionados con el tráfico de armas y el financiamiento o apoyo a grupos terroristas pueden acarrear condenas que oscilan entre 10 y 20 años de prisión federal, dependiendo de la gravedad de cada transacción probada en juicio.
Este proceso judicial marca un precedente en la estrategia legal de Washington para combatir el narcotráfico, utilizando la figura del terrorismo para perseguir a proveedores de armas en lugar de limitarse a cargos tradicionales de contrabando. La comparecencia de Gray y Weinberger ante un tribunal federal pone a prueba la aplicación de las nuevas directrices de seguridad fronteriza y clasificación de amenazas emanadas del sur de la frontera.