Ecatepec, 27 de marzo de 2026.- Entre el 13 y el 20 de marzo, autoridades del Estado de México ejecutaron una serie de operativos de inspección que derivaron en la clausura o aseguramiento de 53 centros de rehabilitación para adicciones, conocidos como anexos, debido a irregularidades legales, sanitarias y presuntos vínculos con actividades delictivas. La acción formó parte de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación instruida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
De acuerdo con los datos duros del operativo, se inspeccionaron un total de 94 inmuebles en la entidad. De estos, 29 fueron clausurados en Ecatepec y 24 en Naucalpan. En los lugares asegurados, las autoridades localizaron a 1,599 personas. Tras las acciones de verificación, 1,518 individuos fueron reintegrados con sus familias, mientras que 80 requirieron traslado a centros certificados para continuar su tratamiento y una persona fue externada de manera voluntaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los anexos intervenidos presentaban posibles relaciones con delitos graves como la privación ilegal de la libertad, así como violencia física y psicológica contra los internos. Además, la dependencia señaló que algunos de estos establecimientos eran utilizados como refugio por grupos delictivos o funcionaban como puntos de venta de drogas, llegando a obligar a las personas recluidas a participar en dichas actividades ilícitas.
Como resultado de las investigaciones derivadas de las inspecciones, ocho trabajadores de estos centros fueron detenidos. Las condiciones reportadas en los inmuebles clausurados incluían hacinamiento, insalubridad, almacenamiento de alimentos en mal estado y carencia de personal capacitado para atender a los pacientes, situaciones que motivaron la intervención inmediata de las autoridades sanitarias y de protección civil.
El operativo fue coordinado a través de la Mesa de Paz y contó con la participación conjunta de la Coprisem, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIF estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de las fiscalías y autoridades locales. Esta acción se enmarca dentro de la Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones impulsada por el gobierno estatal para regularizar el funcionamiento de estas instituciones.