Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en el sector público. La iniciativa, que modifica el artículo 127 de la Constitución, fue avalada con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, tras haber sido previamente aprobada en la Cámara de Diputados con 458 votos a favor.
Con esta decisión legislativa, se establece que las remuneraciones por concepto de pensión o jubilación de los servidores públicos de confianza no podrán rebasar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. De acuerdo con las cifras manejadas en el proceso de discusión, este límite representa aproximadamente 70,000 pesos mensuales.
La medida forma parte de la agenda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca eliminar lo que el oficialismo ha calificado como privilegios excesivos en el sistema de seguridad social del Estado. La reforma aplica a organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos, aunque se han previsto excepciones para las Fuerzas Armadas, así como para aportaciones voluntarias y sistemas complementarios.
Durante el proceso de votación, surgieron posturas contrastantes entre los bloques parlamentarios. Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la iniciativa como una corrección necesaria a desigualdades históricas. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, anunció el voto a favor de su fracción, aunque expresó inconformidad y críticas respecto a omisiones en la ley y el riesgo de que la medida tenga efectos retroactivos.
La aprobación legislativa ha generado movilizaciones de grupos de jubilados y pensionados. En Baja California, lideresas como Victoria Bentley, de la organización Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, han manifestado su temor ante una posible aplicación retroactiva de la norma. Protestas similares se registraron en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, donde los afectados exigen claridad sobre el impacto en sus prestaciones ya adquiridas.
Con la aprobación en ambas cámaras, la reforma avanza hacia las siguientes etapas del proceso legislativo para su eventual promulgación y entrada en vigor, en medio del debate sobre su implementación específica y el alcance temporal de las nuevas disposiciones constitucionales.