Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó este miércoles la reforma constitucional conocida como ‘Plan B’ electoral, una iniciativa que modifica 103 artículos de la Carta Magna distribuidos en 46 decretos. La votación final arrojó un resultado de 87 sufragios a favor y 41 en contra, consolidando los cambios impulsados por la coalición oficialista integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aunque con una exclusión significativa respecto al texto original: la reforma al artículo 35 sobre la revocación de mandato.
La aprobación en lo general se logró tras intensas negociaciones internas, donde el punto de mayor tensión fue la pretensión inicial de adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027. Fuentes del proceso legislativo indicaron que la resistencia del PT a esta modificación específica obligó a la bancada de Morena a retirar dicho apartado para evitar la ruptura de la alianza tripartita. En consecuencia, la reforma sancionada se centra ahora en la reducción de la estructura de los organismos electorales y el ajuste financiero de sus integrantes.
Entre los cambios concretos aprobados destaca la limitación del número de regidurías a un máximo de 15 en los ayuntamientos, así como la reducción de bonos y prestaciones para los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, junto con los senadores Alberto Anaya, líder del PT, y Waldo Fernández, representante del PVEM, fueron figuras clave en la conducción de la iniciativa que finalmente obtuvo la mayoría calificada necesaria.
Pese a la unidad mostrada en la votación final, existieron discrepancias al interior de las bancadas aliadas. Registros de la sesión señalan que el senador Luis Melgar, también del PVEM, emitió un voto en contra de la reforma, lo que contrasta con la postura declarada de otros miembros de su partido como Waldo Fernández. Esta división interna no impidió que el bloque oficialista alcanzara el umbral requerido, superando la oposición conjunta del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes sumaron los 41 votos negativos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó el rechazo a la reforma de revocación de mandato con el temor de los partidos aliados a que su figura apareciera en la boleta electoral de 2027, escenario que motivó la retirada de ese punto específico de la agenda legislativa. Con la aprobación senatorial, la reforma avanza ahora hacia las etapas siguientes de su promulgación, enfocándose en el ahorro de recursos públicos mediante la reestructuración del sistema electoral, mientras deja pendiente la modificación de los mecanismos de participación ciudadana relacionados con la permanencia de los servidores públicos en sus cargos.