Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió y ordenó la liberación de Javier ‘N’, la única persona detenida por el asesinato del líder comunitario Samir Flores, ocurrido en 2019, tras considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos eran insuficientes. La resolución, confirmada por el abogado defensor, se dio la noche del viernes 13 de marzo, tras una audiencia iniciada en febrero, y deja el caso sin responsables, mientras la comunidad de Amilcingo acusa a la autoridad de fabricar culpables y de una investigación plagada de irregularidades.
El abogado defensor, Víctor Hernández Vega, confirmó la liberación de su cliente, quien había sido señalado como responsable del homicidio. El fallo absolutorio se fundamentó en la falta de elementos probatorios sólidos por parte de la fiscalía, que no logró sustentar su acusación. El caso había avanzado con serias deficiencias desde su inicio, según denuncias de los pobladores.
La comunidad indígena de Amilcingo, en el municipio de Temoac, Morelos, ha denunciado públicamente que la investigación estuvo viciada desde el principio. Los vecinos aseguran que hubo fabricación de detenidos, siembra de pruebas, elaboración de carpetas de investigación “a modo” y obtención de declaraciones falsas, lo que habría impedido llegar a los verdaderos responsables.
Un elemento que evidencia las fallas en el proceso es la situación de los testigos. De los tres testigos presentados inicialmente por la Fiscalía, dos han fallecido y el tercero se encuentra desaparecido, lo que imposibilitó su comparecencia y debilitó gravemente la acusación. Estas muertes y la desaparición no han sido aclaradas por las autoridades.
Samir Flores, reconocido opositor al proyecto de la termoeléctrica de Huexca, fue asesinado a tiros la madrugada del 20 de febrero de 2019 frente a su domicilio en Amilcingo. Su lucha contra la obra, parte del Proyecto Integral Morelos, lo había convertido en una figura visible y en un blanco de amenazas. El crimen conmocionó a la región y fue visto como un ataque contra la resistencia comunitaria.
La absolución del único detenido representa un severo revés para la procuración de justicia en Morelos y reaviva las acusaciones de negligencia o complicidad por parte de la fiscalía que encabezaba en su momento Uriel Carmona. La comunidad y organizaciones de derechos humanos exigen ahora que se reinicie una investigación real, independiente y transparente que esclarezca el crimen y sancione a los autores intelectuales y materiales, así como a quienes pudieran haber obstruido la justicia.