Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump intensificó sus controvertidas políticas migratorias con la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo entre Texas y Chihuahua, mientras se reportó la muerte de un solicitante de asilo afgano bajo custodia migratoria y el retiro de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza. Las medidas, que incluyen una inversión aproximada de 4,500 millones de dólares para reforzar la frontera, han generado críticas por su impacto humanitario y han reavivado el debate sobre la militarización de la seguridad interior.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció el avance de un proyecto para construir 230 millas (370 kilómetros) de barrera, incluyendo un tramo de 110 kilómetros entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. El plan forma parte de una estrategia más amplia de seguridad que también contempla el despliegue de tecnología de vigilancia y personal adicional. Esta iniciativa se enmarca en el enfoque de “frontera segura” que ha caracterizado a la administración Trump desde su primer mandato.
En un incidente separado que ha levantado alertas, el ciudadano afgano Mohammad Nazeer Paktiawal falleció mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Paktiawal, quien buscaba asilo político, comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención, según un reporte preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, la causa oficial de su muerte sigue sin determinarse y se encuentra bajo investigación interna. Organizaciones de derechos humanos han exigido transparencia en el caso.
Paralelamente, se confirmó el retiro de Gregory M. Bovino, hasta hace poco jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso. Aunque las autoridades no han especificado si su salida fue voluntaria o forzada, el cambio en el liderazgo operativo ocurre en medio de crecientes críticas a los operativos migratorios realizados en ciudades del interior de Estados Unidos. Dichos operativos han sido denunciados por grupos civiles por generar un clima de temor entre las comunidades migrantes.
En una audiencia congresional reciente, el secretario asistente Joseph M. Humire se reservó al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente Trump ordene un despliegue militar durante el proceso electoral. Altos mandos militares, incluidos el general Gregory M. Guillot y el teniente general Francis L. Donovan, han afirmado previamente que no acatarían una orden ilegal, lo que refleja las tensiones políticas internas en torno al uso de las fuerzas armadas para asuntos domésticos.
El contexto de estas medidas se da mientras cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos, una comunidad que sigue siendo central en el debate migratorio. Analistas señalan que la combinación de una frontera más militarizada, operativos internos agresivos y la opacidad en incidentes fatales podría profundizar las divisiones y afectar la relación bilateral con México, país que históricamente ha sido el origen y tránsito de gran parte de la migración hacia el norte.