Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo federal, la cual modifica el marco jurídico para permitir que Infonavit y Fovissste adquieran, rehabiliten y construyan viviendas directamente, además de urbanizar terrenos para su enajenación o arrendamiento. La votación en lo general registró 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular el resultado fue de 354 a favor, 95 en contra y cero abstenciones.
Con esta modificación legislativa, los organismos de vivienda transitan de un modelo de facilitadoras de crédito a intermediarias con capacidad de ejecución de obra. La iniciativa también establece un cambio conceptual en la normativa, sustituyendo el término de vivienda digna por vivienda adecuada. La aprobación se dio con el respaldo de los diputados de Morena y sus aliados legislativos.
Durante el debate parlamentario, surgieron cuestionamientos por parte de la oposición. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó reservas respecto a la propuesta, aunque su declaración completa no fue detallada en los registros disponibles de la sesión. Legisladores del PAN y del PRI criticaron específicamente la disposición que faculta el uso de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar los nuevos proyectos de construcción y rehabilitación que realizarán los institutos.
La diputada Sandra Patricia Palacios, de Morena, participó en la defensa de la iniciativa ante el pleno. La reforma busca ampliar la oferta habitacional y agilizar la entrega de soluciones a los trabajadores. En paralelo a la aprobación federal, el estado de Sonora se reporta como la primera entidad en aplicar el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar bajo este nuevo esquema.
De acuerdo con los datos reportados en Sonora, la meta inicial de construcción se ha expandido de 33,800 a 65,000 viviendas. Actualmente, hay 9,694 unidades en proceso de construcción y 18,126 en etapa de planeación en dicha entidad. El gobernador Alfonso Durazo Montaño ha sido identificado como parte de los involucrados en la implementación de este programa piloto en la región norte del país.
La entrada en vigor de la nueva ley marca un cambio estructural en la política habitacional mexicana, centralizando en los institutos de vivienda no solo la gestión financiera, sino también la producción física de los inmuebles. Se espera que esta estrategia impacte en los tiempos de entrega y en los costos de las viviendas para los derechohabientes.