Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 25 de marzo de 2026, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un límite a las pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, con aplicación retroactiva. La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue validada en medio de protestas de jubilados en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro y críticas de la oposición sobre su viabilidad jurídica.
El dictamen aprobado establece que ninguna pensión o jubilación podrá exceder la mitad de la remuneración correspondiente a la persona titular del Ejecutivo federal. De acuerdo con estimaciones reportadas, este tope situaría el monto máximo en aproximadamente 70,000 pesos mensuales. La reforma impacta directamente a exfuncionarios de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Durante el debate parlamentario, se registraron posturas divididas respecto a la implementación de la medida. Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, anunció que su bancada votaría a favor de la iniciativa pese a sus reservas. “Nosotros estamos en contra de las pensiones doradas, pero Morena no está haciendo nada eficaz para eliminarlas”, declaró el legislador, quien además advirtió sobre riesgos derivados de la retroactividad y omisiones en el dictamen.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala cuestionó la constitucionalidad del proyecto, sosteniendo que viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna. Zavala señaló que los senadores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa, lo que podría derivar en controversias legales futuras. La reforma excluye explícitamente de este techo salarial a las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.
La sesión legislativa transcurrió con tensión en el exterior del recinto, donde grupos de jubilados de empresas públicas intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo para manifestar su rechazo a la modificación que afectará sus ingresos ya devengados. El texto final del decreto también incorporó lenguaje inclusivo en su redacción.
Existen discrepancias en los registros sobre el resultado exacto de la votación en lo general. Mientras una fuente reporta una aprobación con 458 votos a favor, otra versión indica que la iniciativa obtuvo 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Con esta aprobación en la cámara baja, el proceso reformador avanza hacia las siguientes etapas legislativas necesarias para su entrada en vigor definitiva.