Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de prohibir el uso del llamado “buró laboral”, una práctica mediante la cual algunas empresas utilizan bases de datos no oficiales para filtrar candidatos a partir de su historial de despidos, renuncias o conflictos laborales previos. La iniciativa, que fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación, busca establecer que el acceso al empleo se determine exclusivamente por las capacidades y méritos de los trabajadores.
El senador morenista Saúl Monreal, promotor de la propuesta, señaló durante la discusión del dictamen que esta medida corrige una injusticia estructural que ha permanecido invisibilizada en el mercado de trabajo mexicano. El legislador enfatizó que el trabajo no puede estar condicionado por listas negras, pues cuando una persona es vetada por haber ejercido sus derechos legales, el proceso deja de ser una selección de personal para convertirse en un mecanismo de discriminación.
De acuerdo con lo expuesto en el recinto parlamentario, el “buró laboral” se conforma frecuentemente con datos recopilados de centros de conciliación y tribunales laborales, registrando información de cualquier individuo que haya presentado una demanda, independientemente del resultado del proceso jurídico. Empresas privadas recaban estos datos para ofrecerlos a agencias de colocación y departamentos de recursos humanos, lo que restringe las oportunidades profesionales por razones ajenas al perfil técnico requerido para los puestos.
La reforma contempla modificar los artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo para prohibir explícitamente a los empleadores utilizar sistemas de registro que difundan datos personales sensibles con la finalidad de limitar o condicionar el acceso o la permanencia en el empleo. Con esta adecuación, se busca fortalecer el derecho a un trabajo digno y proteger la privacidad de los datos personales, alineándose también con la legislación en materia de protección de datos en posesión de particulares.
Durante la sesión ordinaria, diversos senadores coincidieron en que esta práctica afecta derechos fundamentales y fomenta un entorno de precarización y vulnerabilidad para los trabajadores. Al avalar el dictamen, el Pleno de la Cámara Alta determinó que el Estado mexicano debe garantizar espacios laborales libres de violencia y discriminación, eliminando herramientas que permitan a las patronales condicionar la contratación basada en antecedentes no regulados.
Con el envío de la minuta a la Cámara de Diputados, se inicia la siguiente etapa del proceso legislativo para que esta prohibición entre en vigor. De ser ratificada por los diputados federales, se establecerán reglas claras para evitar que el historial laboral sea utilizado como una herramienta de control o exclusión, impulsando procesos de contratación más justos y equitativos en todo el país.