Pajapan, 26 de marzo de 2026.- Un grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que hasta el 25 de marzo se han recolectado 128 toneladas de residuos impregnados de crudo en más de 165 kilómetros de litoral afectado por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.
Las autoridades detallaron que las operaciones de respuesta se ejecutan bajo cinco ejes: limpieza, apoyo a comunidades, investigación, supervisión y acciones posteriores. Según el comunicado oficial del grupo interinstitucional, se ha destinado una inversión de 217 millones de pesos para la limpieza de playas y 8 millones de pesos adicionales para el despliegue de embarcaciones especializadas. Por su parte, Pemex anunció el entrega de apoyos económicos por más de 35 millones de pesos a las comunidades impactadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró previamente la formación de este equipo de trabajo con el objetivo de dilucidar la causa exacta del derrame y determinar si persiste alguna fuga activa. Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre el origen del vertido; versiones iniciales apuntaban a un vertido proveniente de una embarcación de una empresa externa a Pemex, pero la investigación sigue en curso para establecer responsabilidades.
Frente a las cifras oficiales, organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y CartoCrítica han acusado al gobierno de conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad. Estos grupos sostienen, basándose en imágenes satelitales, que el derrame habría iniciado entre el 11 y el 17 de febrero desde una embarcación cercana a la plataforma Abkatún, extendiéndose por 50 kilómetros cuadrados sin que se emitiera una alerta pública o se activara el Plan Nacional de Contingencia en tiempo y forma.
Verónica Munier, representante del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, expresó su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de la crisis. “No sabemos bien a qué grado está el daño. No nos han dicho nada y no hemos sabido que hayan hecho ningún estudio o, por lo menos, no lo han informado”, señaló la activista respecto a la ausencia de estudios de impacto ambiental públicos.
En cuanto a la afectación a la fauna, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del gobierno de Veracruz emitió un informe sobre un delfín hallado muerto en Alvarado. Las autoridades estatales afirmaron que el animal falleció debido a una “hemorragia severa derivada de una lesión traumática”, descartando oficialmente que su deceso esté vinculado a la contaminación por hidrocarburos, aunque persisten contradicciones en los reportes sobre la extensión total del área afectada, que algunas fuentes periodísticas sitúan en al menos 630 kilómetros de litoral.