Tlaxcala, 07 de abril de 2026.- Transportistas y agricultores bloquearon carreteras en al menos 17 estados de la República este 7 de abril de 2026, en una movilización convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC). Las demandas del sector incluyen seguridad vial, el retiro del IEPS al diésel, freno a importaciones de granos, precios de garantía y la creación de una fiscalía especializada para delitos en el sector transporte.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó categóricamente retomar el esquema de apoyos directos a organizaciones. “Lo que sí es que no vamos a regresar al esquema donde se le da el dinero a las organizaciones. Eso sí, ya no”, afirmó la mandataria. Sheinbaum sostuvo que los apoyos se entregan de manera directa a los productores y no a través de intermediarios, destacando la entrega de 3,412 millones de pesos a casi 41,000 productores de maíz.
Respecto a la magnitud de las protestas, la presidenta declaró que el lunes 6 de abril se registraron muy pocos bloqueos carreteros y que “en muchos de ellos se pudo hacer una vía alterna para no afectar a vehículos de carga y privados”. Para la tarde de ese lunes, el gobierno federal reportó 11 bloqueos en nueve estados; sin embargo, para la mañana de este martes, las autoridades indicaron que solo quedaban “tres o dos” obstrucciones activas en Guanajuato y Baja California.
En Tlaxcala, donde el bloqueo se mantuvo por más de 24 horas generando una fila de aproximadamente 13 kilómetros, surgieron versiones contradictorias sobre el desalojo. La ANTAC y el FNRCM denunciaron ataques contra participantes del paro, asegurando que hubo compañeros desaparecidos y que fueron “golpeados brutalmente”. Baltazar Valdez, representante de agricultores en Sinaloa, explicó que les arrojaron gas para retirarlos de las carreteras. La ANTAC responsabilizó directamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala por un “ataque artero y desmedido”.
Por su parte, el gobierno de Tlaxcala informó que restableció la circulación en vías primarias mediante el operativo ‘Paso Libre’, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El informe oficial señaló que algunos manifestantes habrían reaccionado de forma agresiva utilizando cohetones y maquinaria agrícola, por lo que los cuerpos de seguridad aplicaron protocolos de contención con medidas disuasivas no letales, como agua y gases lacrimógenos. Las autoridades estatales concluyeron que el operativo tuvo saldo blanco, sin personas detenidas, y que la policía actuó en estricto cumplimiento a la ley.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) advirtió que estos bloqueos generan un impacto severo en la economía, dado que más del 56% de la carga en México se transporta por vía terrestre. El organismo indicó que las obstrucciones en corredores logísticos estratégicos pueden provocar pérdidas superiores a 750 millones de pesos diarios, escalando hasta entre 3,000 y 6,000 millones en una semana si los escenarios se prolongan. “México requiere certeza, movilidad y colaboración para seguir avanzando”, señaló la Canacintra, quien añadió que “el diálogo debe ser la vía prioritaria para la construcción de acuerdos y soluciones sostenibles”.
Ante la controversia, la presidenta Sheinbaum reiteró que el Gobierno está abierto a continuar el diálogo con los transportistas y agricultores inconformes, aunque advirtió que cualquier apoyo económico solamente podría distribuirse de forma directa y no a través del FNRCM o la ANTAC. Las movilizaciones actuales, según el gobierno federal, no cuentan con el respaldo de las organizaciones mayoritarias del sector.