Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México ese delito se comete de manera sistemática y generalizada, y rechazó por segundo día consecutivo los resultados del documento.
El Comité emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y describió la situación como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda está en manos de las familias y no del Estado. El informe también destaca un agravamiento de la crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021.
Frente a esto, Sheinbaum insistió en que las desapariciones son cometidas en su mayoría por organizaciones delincuenciales y no por el Estado, afirmando que “el Estado mexicano existe y no está rebasado”. La mandataria negó que la crisis pueda ser un crimen de lesa humanidad, argumentando que es “otra cosa” definida por la ONU que no se adapta a la situación de México, y acusó al informe de estar “orientado” a “criticar” al Estado mexicano.
Funcionarios del gobierno federal y de Morena cuestionaron la metodología del análisis. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella”, y señaló que el estudio se basa indebidamente en estadísticas del periodo de 2009 a 2017 y se enfoca en apenas cuatro estados. Alcalde indicó que el Gobierno realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas, detectando señales de actividad posterior en más de 40,000 casos.
Sin embargo, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, aseguró que su evaluación no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década y examina “la evolución de la situación hasta la actualidad”. El Comité subrayó que incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y documentó que en Guanajuato el número de desaparecidos se multiplicó por ocho desde 2017 hasta abril de 2025.
La cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años, mientras que Sheinbaum advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU. Por su parte, Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazarla implicaría “un retroceso lamentable”.
En el ámbito legislativo, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación, acusándola de ejercer un papel protector del Estado. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político contra la titular. Asimismo, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones, declarando que “no pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”, y anunció acciones para exigir rendición de cuentas.