Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron ayer, martes, el dictamen de la reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación registró 24 votos a favor y 11 en contra, con el respaldo de los senadores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) votó en contra y los legisladores del Partido del Trabajo (PT) estuvieron ausentes.
El dictamen fue turnado inmediatamente a la mesa directiva para su primera lectura y está programado para ser discutido y votado en el Pleno del Senado durante la sesión de este miércoles. Para que la reforma constitucional sea aprobada, se requieren 86 votos de los 128 senadores que integran la Cámara Alta, una mayoría calificada que actualmente depende de la postura final que adopte la bancada del PT, la cual cuenta con nueve legisladores.
Durante el debate en comisiones, los senadores de la oposición criticaron severamente la propuesta. Argumentaron que la posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato de la presidenta en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias, convierte el proceso en un acto de propaganda gubernamental y no en una consulta ciudadana equilibrada. Asimismo, cuestionaron los artículos transitorios que ordenan a los congresos locales ajustar sus presupuestos y limitar el número de regidurías, señalando que esto vulnera la autonomía de los estados y municipios.
La ausencia de los senadores del PT, Lizeth Sánchez y Alejandro González, marcó la sesión. Aunque el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, ha afirmado que la coalición oficialista se mantiene unida, existen discrepancias internas sobre el timing de la revocación de mandato. Líderes del PT han expresado que realizar la consulta el mismo día de la elección federal favorecería desproporcionadamente a Morena, por lo que han propuesto posponerla para agosto de 2027, dos meses después de la jornada electoral.
El Plan B modifica los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los cambios centrales destaca la incorporación de la revocación de mandato presidencial, que podrá solicitarse entre el segundo y tercer año de gobierno; la reducción gradual del 15% en el presupuesto del Senado; y la estipulación de que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral no podrán ganar más que la presidenta de la República. Además, se ajusta la integración de los municipios para garantizar la paridad de género en las regidurías, eliminando el mínimo de siete regidores propuesto originalmente por el Ejecutivo y conservando únicamente el techo de 15.
De ser aprobado en el Pleno este miércoles, el dictamen deberá pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y, posteriormente, requerir la ratificación de al menos 17 legislaturas estatales para entrar en vigor antes de mayo de 2026. La situación política en el Senado sigue siendo tensa, con la incertidumbre sobre si el PT se sumará a la votación final o mantendrá su rechazo a los términos actuales de la reforma electoral.