Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Congreso de la Unión debate la reforma constitucional electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que incluye la revocación de mandato, reducción de puestos en ayuntamientos y recorte de sueldos de funcionarios electorales. La aprobación requiere dos terceras partes del Senado, equivalente a 85 votos, y los seis votos del Partido del Trabajo (PT) resultan determinantes para alcanzar la mayoría calificada.
Morena, PVEM y PT suman 87 votos en la Cámara Alta, lo que teóricamente permitiría aprobar la reforma si existe consenso entre las tres fuerzas. Sin embargo, la vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, ha expresado dudas que podrían impedir la aprobación. La propuesta contempla cambios en la integración del Congreso, con 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.
Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, presidentes de comisión, han emitido comunicados oficiales sobre el proceso de dictaminación. Existe una reunión extraordinaria programada para avanzar en la discusión de la reforma, aunque no se ha confirmado la fecha y hora exacta de la sesión en el Senado.
En el debate participan figuras como el senador Manlio Fabio Beltrones y Ricardo Anaya, quienes son parte de las discusiones sobre el futuro electoral del país. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, también está involucrada en el proceso, aunque su postura específica sobre las reformas no ha sido detallada en los reportes disponibles.
Existen versiones contradictorias sobre el estado del proceso: algunas fuentes indican que el Congreso rechazó la propuesta de reforma electoral presentada por la mandataria, mientras que otras reportan que el proceso de dictaminación y votación está en curso para lo que se conoce como ‘Plan B’. Esta discrepancia refleja la incertidumbre que rodea la iniciativa legislativa.
La reforma electoral representa uno de los temas centrales de la agenda legislativa de 2026. Su aprobación o rechazo tendrá consecuencias significativas en la estructura política mexicana y en los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo la revocación de mandato como herramienta de control político.