Ciudad De México, 30 de marzo de 2026.- Un derrame de petróleo ha afectado más de 600 kilómetros de costa en el Golfo de México. Mientras fuentes indican que la mancha cubre más de 370 millas (600 km), otros reportes especifican que el litoral mexicano contaminado supera los 630 kilómetros. El desastre ecológico es visible en playas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
La situación ha impactado directamente a más de 20 mil familias, 100 comunidades y 60 municipios. Según investigaciones periodísticas, el derrame ha durado al menos cuatro semanas. Una mancha de sospechoso crudo llegó a cubrir más de 19 millas cuadradas (50 km2) alrededor de un oleoducto reparado por Pemex en la primera mitad de febrero.
Información pública señala que el buque ‘Árbol Grande’, dedicado al mantenimiento de infraestructura petrolera, estuvo anclado en un oleoducto activo que transporta crudo Maya del 9 al 16 de febrero. La embarcación, operada por la empresa Diavaz, permaneció estacionaria en el lugar del derrame durante casi 200 horas, es decir, más de ocho días. Diavaz obtuvo en mayo de 2025 una licitación pública de Pemex por casi 11 mil millones de pesos.
Ante los hechos, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Por su parte, legisladores del PRI del sureste condenaron lo que calificaron como un ecocidio en el Golfo de México. Estas acciones políticas contrastan con posturas oficiales previas; las autoridades negaron inicialmente que hubiera fugas o rupturas en instalaciones de Pemex, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aseguró que no se había detectado un daño severo.
Gustavo Alanís cuestionó la respuesta oficial: “Lo primero que hay que cuestionar es dónde quedó el Plan Nacional de Contingencias”. El especialista añadió que la situación “contradice lo que originalmente había dicho el gobierno mexicano” y afirmó que “la mayoría de las playas no han sido limpiadas y que el chapopote ha seguido llegando”.
Alanís enfatizó la necesidad de actuar “al margen de la política” para determinar “qué pasó, quién causó, quiénes son los responsables y actuar en consecuencia”. Aunque especialistas ambientales consideran que la duración y expansión del derrame evidencian afectaciones significativas, persisten discrepancias con las evaluaciones gubernamentales sobre la magnitud del daño.