Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales de Estados Unidos, como respuesta urgente a la parálisis presupuestaria que ha dejado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin financiamiento completo durante cinco semanas. La decisión, anunciada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, tiene como objetivo mitigar el colapso operativo en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), donde la tasa nacional de ausencias alcanzó el 11.76% este 22 de marzo, derivando en tiempos de espera de hasta tres horas para los pasajeros.
La crisis de personal en la TSA es consecuencia directa del rechazo del Senado, que ha votado en cinco ocasiones desde febrero contra el paquete de financiamiento, obligando a miles de empleados a trabajar sin sueldo completo desde el 14 de febrero. Esta situación ha provocado más de 400 renuncias en la agencia y un aumento significativo de ausentismo. Los reportes indican que los tiempos de espera se han disparado en nodos críticos: casi tres horas en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, dos horas en el George Bush de Houston y más de una hora en el JFK de Nueva York.
A pesar del despliegue, la medida ha generado controversia debido a las limitaciones operativas de los agentes del ICE. Según el contexto de la emergencia, estos funcionarios no cuentan con la capacitación necesaria para realizar funciones críticas de seguridad aeronáutica, como la operación de escáneres de rayos X, revisiones de equipaje o cacheos físicos. Su labor se ha restringido a tareas auxiliares de manejo de filas y vigilancia, lo que ha llevado a diversos reportes a calificar la acción como una solución incompleta que no resuelve el problema de fondo en su primer día de operaciones.
La reacción política ha sido dividida. Mientras el gobierno federal presenta la movilización como una ayuda necesaria para aliviar la carga de trabajo, figuras de la oposición y algunos legisladores republicanos han expresado su rechazo. Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, calificaron la estrategia de inaceptable y generadora de riesgos. Incluso la senadora republicana Lisa Murkowski se sumó a las críticas, subrayando la tensión entre el anuncio oficial y la realidad operativa en las terminales aéreas.
En Atlanta, el alcalde Andre Dickens también elevó su voz respecto a la situación que afecta a los viajeros y la economía local. La discrepancia central radica en que, aunque el ejecutivo busca demostrar acción ante el cierre gubernamental, la falta de personal especializado en los puntos de control de seguridad mantiene los cuellos de botella. La parálisis presupuestaria continúa sin un plazo estimado claro para su resolución, manteniendo la incertidumbre sobre la duración de este despliegue extraordinario y la estabilidad del sistema de aviación civil.