Por Redacción
Dinamita, 20 de marzo de 2026.- Un operativo de seguridad realizado el miércoles 18 de marzo en la comunidad de Dinamita, municipio de Gómez Palacio, dejó un saldo divergente de personas privadas de la libertad, generando una disputa narrativa entre las autoridades estatales y organizaciones sociales. Mientras la Fiscalía General de Durango confirmó la detención de 28 individuos bajo la acusación de presuntos delitos de robo, extorsión y bloqueos, el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, así como el obispo emérito Raúl Vera López, reportan alrededor de 40 detenidos, de los cuales solo se ha logrado localizar a ocho.
El origen del conflicto se remonta al despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex, dedicada al transporte de explosivos, situación que motivó un plantón mantenido por el Frente Unido desde 2017 en oposición a un megaproyecto industrial y en solidaridad con los empleados afectados. Según denuncias de la Liga Sindical de la Confección en Nazareno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las manifestaciones eran pacíficas hasta que fueron reprimidas por un fuerte despliegue que incluyó a la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y elementos de la Fiscalía.
Raúl Vera López detalló que durante la tarde del miércoles, elementos de seguridad en aproximadamente 50 vehículos oficiales, incluyendo camionetas sin logotipos, rodearon los poblados de Albisina, Dinamita, La Aurora y El Siete, encapsulando a los protestantes. En su comunicado, el religioso exigió a la fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso, al gobernador Esteban Villegas Villarreal y a la presidenta municipal Betzabé Martínez Arango, la presentación con vida de los detenidos y el retiro de los cargos, calificando la acción como una protesta legítima violentada por el estado.
Por su parte, la versión oficial ofrecida por el gobierno de Durango y la Fiscalía presenta un escenario distinto. Las autoridades aseguran que desmantelaron una presunta red de extorsión que operaba bajo la cobertura de la protesta social, afectando a empresas de la zona industrial mediante el bloqueo de accesos y la retención de camiones de carga para exigir pagos irregulares. El gobernador Villegas Villarreal afirmó que quienes cometan delitos pagarán las consecuencias, indicando que los 28 detenidos fueron trasladados a la capital del estado para enfrentar la justicia y señalando que algunos de ellos ya contaban con averiguaciones previas por abigeato y daños.
La discrepancia en las cifras persiste: la Liga Sindical habla específicamente de 27 detenciones arbitrarias de personas cuyo paradero se desconocía inicialmente, mientras que el Frente Unido eleva la cifra a 40, incluyendo mujeres y personas de la tercera edad. Familiares de los detenidos se han manifestado frente al Palacio de Justicia en Gómez Palacio exigiendo la liberación de sus seres queridos, denunciando que las detenciones se realizaron sin una orden judicial que las respaldara, algo que las autoridades no han confirmado en sus reportes públicos.
Ante la tensión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvo presente durante el operativo según reportes oficiales, con el objetivo de garantizar el apego a la legalidad en el procedimiento. Sin embargo, la incertidumbre sobre el estado de salud y la ubicación exacta de la mayoría de los detenidos mantiene la tensión en la región lagunera, donde habitantes de Dinamita y Pueblo Nuevo El Siete observan la presencia de fuerzas castrenses mientras exigen claridad sobre el destino de los detenidos y la resolución del conflicto laboral que detonó la movilización.