Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Michoacán confirmó que el proceso legal contra Osmar “N”, el alumno de 15 años acusado de asesinar a dos profesoras en la Preparatoria Antón Makarenko, se llevará a cabo bajo el sistema de justicia para adolescentes. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que la institución buscará que el menor sea juzgado por tres delitos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo, aunque reconoció que el marco jurídico actual limita la pena máxima a tres años de internamiento.
El ataque ocurrió la mañana del 24 de marzo, cuando el estudiante ingresó al plantel educativo con un rifle AR-15 oculto en un estuche de guitarra y disparó contra Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, y María del Rosario Sagrero Chávez, de 36. Según las autoridades, el agresor utilizó 27 de los 67 proyectiles que llevaba consigo. Testigos relataron que estudiantes y un empleado lograron someter al atacante y lo ataron con una cuerda hasta la llegada de la policía municipal.
Pese a la confirmación del procedimiento para adolescentes, el caso ha generado un intenso debate nacional sobre la conveniencia de juzgar a menores como adultos cuando cometen delitos de alto impacto. Familiares de las víctimas, incluido Christian “N”, hermano de Tatiana, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario, exigieron públicamente que el proceso sea bajo la ley de adultos, argumentando que el hecho fue planeado y no impulsivo. Bajo la legislación vigente para mayores de edad, el delito de feminicidio puede acarrear hasta 50 años de prisión.
Desde la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo calificó el suceso como “muy doloroso” y señaló que todo indica que el agresor tenía preparada la acción contra las docentes. La mandataria afirmó que este tipo de eventos obliga al país a discutir y debatir si los menores que cometen crímenes graves deben ser juzgados como adultos, aunque no anunció cambios inmediatos a la ley. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública expresó sus condolencias y reiteró el compromiso de construir entornos escolares seguros.
En cuanto a las investigaciones complementarias, el fiscal Carlos Torres Piña detalló que el arma utilizada es ilegal y carece de registro, por lo que presumiblemente ingresó al país de manera clandestina. Aunque circula información extraoficial sobre un posible vínculo del arma con un familiar miembro de la Marina, las autoridades se encuentran rastreando la matrícula del fusil para determinar su origen exacto y lugar de fabricación. El presunto responsable fue trasladado a la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia, donde permanece a la espera de que un juez defina su situación jurídica.