Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada “Plan B”, que se enfoca en medidas de austeridad y recortes presupuestales, luego de que la Cámara de Diputados rechazara una reforma constitucional más amplia. La propuesta, presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, busca reducir el número de regidurías municipales, establecer un tope al gasto de los congresos locales y mantener la elección de juzgadores del Poder Judicial para el año 2027.
La iniciativa establece un máximo de 15 y un mínimo de 7 regidurías por ayuntamiento, lo que implica una reducción significativa en muchas administraciones municipales. Además, fija un límite presupuestal para los congresos locales del 0.7% del gasto total de cada estado y propone una reducción progresiva de hasta el 15% en los gastos operativos del Senado de la República.
Uno de los puntos que ha generado reacción inmediata es la inclusión de la elección, por voto popular, de 850 juzgadores en 2027. Esta medida, que forma parte de la agenda de justicia de la administración, había sido objeto de debate, con versiones previas que analizaban posponerla hasta 2028. La confirmación de la fecha 2027 cierra esa discusión al interior de la propuesta.
El llamado “Plan B” surge como una respuesta política tras el fracaso legislativo de la reforma constitucional original de Sheinbaum, que buscaba, entre otros cambios, reducir el número de legisladores plurinominales y modificar el financiamiento a los partidos políticos. Al centrarse en aspectos de gasto y estructura administrativa que no requieren modificar la Constitución —o que podrían encontrar mayor consenso—, el gobierno busca avanzar en su agenda de “austeridad republicana”, pilar de la llamada Cuarta Transformación.
La propuesta ya ha comenzado a generar posicionamientos. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), se manifestó al respecto, aunque la investigación no detalla el contenido específico de su declaración. Se desconoce aún la postura oficial y detallada de otros partidos con representación en el Congreso, como Morena, PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, cuya votación será crucial para la aprobación de la iniciativa en el Senado.
El envío de este “Plan B” marca una nueva etapa en la estrategia legislativa del gobierno de Sheinbaum, que ahora deberá negociar con las fuerzas políticas en la Cámara alta para sacar adelante una reforma electoral de alcance limitado, pero con impacto directo en las finanzas públicas de los estados y municipios, así como en la conformación del Poder Judicial.