Por Redacción
Nueva York, 21 de marzo de 2026.- La justicia estadounidense avanzó este fin de semana en dos frentes relacionados con la política colombiana: por un lado, se concretó la condena de un intermediario por el intento de homicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay, y por otro, se confirmó la existencia de una investigación preliminar sobre posibles vínculos del presidente Gustavo Petro con estructuras de narcotráfico, aunque sin cargos formales en su contra hasta el momento.
En el caso del atentado contra Uribe Turbay, un tribunal determinó la responsabilidad penal de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de ‘El Viejo’, quien fue sentenciado a 22 años y cuatro meses de prisión. La Fiscalía colombiana ha identificado a otros involucrados en la trama criminal, entre ellos a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, y a Katherine Andrea Martínez Martínez, quienes figuran en las diligencias relacionadas con el homicidio agravado y otros delitos conexos.
De manera paralela, medios internacionales como The New York Times han reportado que fiscales en Nueva York llevan a cabo una indagatoria en fase temprana respecto al mandatario Gustavo Petro. Las autoridades judiciales de Estados Unidos examinan supuestos contactos con redes de narcotráfico y posibles financiamientos irregulares durante su campaña presidencial, información que ha generado atención debido a la naturaleza de los alegatos.
Pese a la apertura de esta carpeta de investigación, las fuentes consultadas señalan que no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente al jefe de Estado con actividades ilícitas al grado de presentar acusaciones. Los reportes indican que el presidente colombiano no sería el objetivo central de la indagatoria en esta etapa, manteniéndose el proceso bajo reserva y análisis de evidencia sin que se hayan hecho públicos detalles específicos sobre los fiscales a cargo o la fecha exacta de inicio de las actuaciones.
La convergencia de estos dos eventos judiciales pone bajo la lupa la situación legal de altos funcionarios y opositores políticos de Colombia en territorio estadounidense. Mientras la condena de Pérez Marroquín cierra un capítulo violento dirigido contra la oposición representada por Uribe Turbay, la sombra de la investigación sobre Petro abre un escenario de incertidumbre política que dependerá de los resultados que arrojen las pesquisas de los departamentos judiciales en Nueva York.