Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La crisis de desplazamiento forzado interno en México, con más de 28 mil personas afectadas solo en 2024, ha llevado a organizaciones de la sociedad civil a solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta situación se agrava ante fallas sistémicas en la procuración de justicia, evidenciadas en casos emblemáticos como la absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes y el reconocimiento parcial del Estado por la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas.
Según datos recopilados por organizaciones civiles, entre 2016 y 2024 se registraron 390 mil personas desplazadas forzadamente en el país, con picos de 28,900 afectados en 2024 y 15,795 en 2025. Los estados de Morelos y Guerrero se encuentran entre los más impactados por este fenómeno, ligado principalmente a disputas territoriales y la presencia de grupos del crimen organizado trasnacional, cuyas actividades ilícitas van más allá del narcotráfico e involucran a entidades legales y estatales.
La petición formal a la CIDH busca que el organismo internacional vigile de cerca la situación y exija al Estado mexicano medidas efectivas de protección para las víctimas. El desplazamiento forzado, según análisis periodísticos, refleja la complejidad de un crimen organizado que opera con impunidad en diversas regiones.
Paralelamente, el sistema de justicia enfrenta severas críticas. Recientemente, Javier ‘N’ fue absuelto por el asesinato del activista opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes, luego de que la Fiscalía federal presentara pruebas consideradas insuficientes. El caso se vio empañado por el asesinato de dos testigos clave y por contradicciones en las declaraciones de agentes ministeriales, lo que reveló graves deficiencias en la investigación.
En otro caso que evidencia la violencia estatal, el gobierno mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, ocurrida a manos del Ejército, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas, señalando que sin ello no puede haber una reparación integral del daño.
Estos hechos ocurren en un contexto donde, según reportes, el crimen organizado trasnacional ha diversificado sus actividades ilícitas, infiltrando estructuras legales y aprovechando la debilidad institucional en algunas regiones. La combinación de violencia criminal, desplazamiento forzado y fallas en la procuración de justicia configura un escenario de derechos humanos complejo que demanda atención urgente y mecanismos de rendición de cuentas más robustos.