Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, propuso un “decálogo de ajustes” a la reforma judicial, en un contexto donde un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Instituto Nacional Electoral ha ejercido más de 242 mil millones de pesos entre 2018 y 2026. Paralelamente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, defendió la autonomía de su institución frente a lo que calificó como “controversias políticas”.
La ministra Esquivel Mossa, quien no detalló el contenido específico de su propuesta de ajustes, hizo el anuncio en medio del debate nacional sobre la reforma al Poder Judicial. Sus declaraciones se producen en un momento de intensa discusión pública sobre el funcionamiento y los costos de las instituciones autónomas del Estado mexicano.
El análisis presupuestal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas arrojó que para el año 2026, el 39.3% del presupuesto del INE está destinado al financiamiento de partidos políticos. Además, el estudio identificó que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto total del organismo electoral para el presente año, lo que pone en evidencia la magnitud de los recursos públicos manejados por esta institución autónoma.
Por su parte, el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, emitió un comunicado en el que defendió la autonomía de su tribunal electoral. Aunque no nombró específicamente a partidos políticos o actores concretos, Bátiz García se refirió a “controversias políticas” que, según su perspectiva, buscan cuestionar la independencia de la institución que preside.
Estos pronunciamientos coinciden en un mismo día y reflejan una agenda de discusión nacional sobre el papel, costo y funcionamiento de poderes y organismos clave del Estado. La simultaneidad de las declaraciones sugiere una coordinación temática o responde a un contexto político donde la autonomía institucional y el uso de recursos públicos están bajo escrutinio.
El debate se enmarca en un proceso más amplio de evaluación de instituciones autónomas que ha ganado fuerza en los últimos años. Mientras algunos sectores abogan por una mayor eficiencia y rendición de cuentas, otros defienden la independencia de estos organismos como garantía de equilibrio democrático. La falta de detalles específicos sobre las propuestas de ajuste a la reforma judicial y la reacción de otros actores políticos serán aspectos a seguir en el desarrollo de esta discusión institucional.