Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La bancada de Morena en el Senado, respaldada por el PVEM, presentó este martes el denominado Plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el rechazo de su iniciativa original en la Cámara de Diputados. El paquete contempla la reducción de regidores municipales, un tope presupuestal para los congresos locales y modificaciones al proceso de revocación de mandato que permitirían a la titular del Ejecutivo hacer campaña con recursos públicos. La oposición, encabezada por el PAN, advirtió que las medidas buscan debilitar la autonomía de los organismos electorales y concentrar poder.
La iniciativa propone reducir el número de regidores por municipio, estableciendo un rango de entre 7 y 15, en lugar de las cifras actuales que en algunos casos superan los 20. Además, limita el gasto de los congresos estatales al 0.7% del presupuesto total de la entidad. Uno de los puntos más polémicos es la modificación a la revocación de mandato, que adelantaría el plazo para solicitarla al tercer año de gobierno y autorizaría explícitamente a la presidenta en turno a realizar campaña informativa con recursos no especificados.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, defendió la propuesta como una “medida de austeridad republicana” necesaria para racionalizar el gasto público. “Son ajustes técnicos que buscan eficiencia, no afectan los derechos políticos de nadie”, afirmó. Por su parte, el líder del PVEM, Manuel Velasco, anunció el apoyo unánime de su bancada, aunque el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto completo, lo que revela una fisura inicial en el bloque oficialista.
Desde la oposición, la senadora Kenia López Rabadán del PAN calificó el Plan B como un “intento por desmantelar desde dentro al Instituto Nacional Electoral”. Criticó especialmente la eliminación del principio de paridad de género en las regidurías, contemplada en la iniciativa, y la autorización para que la presidenta haga campaña en un proceso de revocación. “Promueven austeridad para los municipios, pero abren la chequera para la propaganda oficial. Es una contradicción evidente”, señaló.
El contexto de la presentación está marcado por las 741 investigaciones iniciadas en 2025 por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) y por el rechazo previo del llamado Plan A. Para ser aprobada, la reforma debe pasar por el Senado y la Cámara de Diputados antes de septiembre de 2026, debido a restricciones constitucionales que impiden cambios electorales en año y medio previo a los comicios federales. Monreal adelantó que también se prepara una reforma judicial complementaria, cuyos detalles aún no se han hecho públicos.
La posición del Partido del Trabajo (PT), aliado tradicional de Morena, no fue explicitada durante la presentación, dejando una incógnita sobre la cohesión total de la coalición gobernante. El debate en comisiones del Senado comenzará en los próximos días, en medio de un ambiente político polarizado donde la oposición promete resistir lo que considera un avance sobre la autonomía de las instituciones electorales y municipales.