Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron un patrón regional de represión estatal que incluye desapariciones forzadas, deportaciones masivas sin debido proceso y confiscación de bienes a opositores políticos en Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, según testimonios recopilados por Human Rights Watch y familiares de víctimas.
En Argentina, el gobierno que encabeza Javier Milei registró 5,000 personas no admitidas o expulsadas en los últimos dos meses, mientras que en 2024 se deportaron 620 personas, cifra 40% mayor que el año anterior. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció medidas de endurecimiento migratorio inspiradas en políticas de Donald Trump, mientras organizaciones documentan el desmantelamiento de políticas de memoria relacionadas con las 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura argentina.
En Mendoza, vecinas como Macarena Limousin lideran protestas socioambientales contra el proyecto minero San Jorge, mientras la economista Mercedes D’Alessandro ha cuestionado públicamente las políticas económicas del gobierno. Human Rights Watch, a través de su directora Juanita Goebertus, emitió comunicados oficiales sobre la situación de derechos humanos en el país.
Venezuela y Nicaragua registraron desapariciones forzadas de opositores políticos y activistas. En Venezuela, figuras como William Dávila, Enrique Márquez, Lilian Tintori y Leopoldo López han sido objeto de persecución, mientras el dirigente chavista Carlos Brenes figura como desaparecido. Lilian Tintori realizó denuncias públicas sobre la situación, y familiares como Thelma Brenes han testimoniado sobre las violaciones a derechos humanos.
En El Salvador, 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos permanecen desaparecidos, incluyendo a César Humberto López Larios, conocido como El Greñas. El gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas acusan a los deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, pero familias y Human Rights Watch niegan esa condición sin que se presente evidencia pública que vincule al resto de deportados con actividades pandilleros. Más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos en 2025, de los cuales 10% tenía antecedentes penales.
Adicionalmente, más de 250 venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos, mientras activistas como Amaru Ruiz han realizado declaraciones sobre la situación regional. Las organizaciones de derechos humanos destacan que el patrón incluye desmantelamiento de políticas de memoria, desapariciones forzadas, confiscación de bienes a opositores y endurecimiento de políticas migratorias en múltiples países de la región.
Las denuncias presentadas por organizaciones internacionales y testimonios de víctimas directas ponen en evidencia la crisis política y de derechos humanos que atraviesa América Latina, con gobiernos que implementan medidas represivas bajo argumentos de seguridad nacional y control migratorio, mientras la sociedad civil y organismos internacionales solicitan investigaciones independientes y respeto al debido proceso.