Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. Durante la conferencia matutina realizada este martes en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el objetivo es contar con un marco jurídico único que permita a todas las fiscalías del país actuar bajo los mismos criterios para acabar con la impunidad y desarrollar políticas de prevención efectivas.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres y propone modificar el Artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a emitir esta ley general. La iniciativa establece penas de prisión de 40 a 70 años para quienes cometan este delito, sanciona la tentativa e incluye 21 agravantes, entre las que se encuentran que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, tenga discapacidad, esté embarazada o sea periodista.
La presentación de la iniciativa ocurre en un contexto de violencia persistente contra las mujeres. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en lo que va de 2026. La concentración de estos delitos se presenta principalmente en Sinaloa con ocho casos, seguido de la Ciudad de México con cinco y el Estado de México con cuatro, misma cantidad reportada en Tamaulipas.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó su respaldo total a la propuesta legislativa. El legislador aseguró que ya había conversado con la Presidenta sobre la intención de enviar esta iniciativa y confirmó que la bancada oficialista la apoyará sin duda alguna para su discusión y aprobación en el Congreso.
La nueva normativa busca que todas las procuradurías investiguen las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio y con perspectiva de género, evitando que los casos se clasifiquen erróneamente como suicidios u otros delitos. Con esta homologación, se pretende terminar con la disparidad de criterios judiciales entre las entidades federativas y garantizar que la sanción sea contundente en todo el territorio nacional.