Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reservar por un periodo de cinco años la información detallada sobre su parque vehicular, que consta de 151 unidades, tras recibir una solicitud de acceso a la información presentada en enero de este año. El Comité de Transparencia del Alto Tribunal justificó la medida al considerar que hacer públicos datos como el modelo, el costo y la fecha de adquisición de los automóviles podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares del Poder Judicial.
En su resolución oficial, la SCJN señaló que la opacidad en estos datos es necesaria para “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”. Como parte de esta determinación, también se rechazó hacer público qué ministros han adquirido los vehículos asignados a su ponencia desde 1994 hasta la fecha, manteniendo en confidencialidad la asignación específica de las unidades.
La decisión surge en un contexto de escrutinio sobre los recursos del máximo tribunal, posterior a la revelación de la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee destinadas a los ministros. Aunque la solicitud de transparencia original no pidió datos sobre el emplacado ni la asignación específica de cada unidad, la Corte extendió la reserva a los aspectos financieros y técnicos de toda su flota.
Entre la información que permanecerá oculta durante el quinquenio se encuentran el monto total invertido en las 151 unidades, así como el modelo y costo específico de cada vehículo. Tampoco se darán a conocer los nombres de los ministros titulares a quienes se asignan dichos automóviles, consolidando una política de discreción absoluta sobre la logística de transporte de los integrantes del tribunal.
Medios de comunicación como El Siglo de Torreón y El Universal reportaron que esta medida limita el conocimiento público sobre el patrimonio móvil de la institución, bajo el argumento de protección a los funcionarios. La reserva entrará en vigor inmediatamente y será revisable hasta 2031, fecha en la que podría volver a solicitarse la transparencia de estos datos, salvo que se renueve la justificación de riesgo.